LEY 39/2015: DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

LEY 39/2015: DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS
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La primera entrada del blog de la LEY 39/2015 por escrito!!

Por aqu铆 os dejo las disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias de la Ley 39/2015:
DISPOSICIONES ADICIONALES:
PRIMERA: Especialidades por raz贸n de materia.
1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por raz贸n de la materia que no exijan alguno de los tr谩mites previstos en esta Ley o regulen tr谩mites adicionales o distintos se regir谩n, respecto a 茅stos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales.
2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regir谩n por su normativa espec铆fica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley:
a) Las actuaciones y procedimientos de aplicaci贸n de los tributos en materia tributaria y aduanera, as铆 como su revisi贸n en v铆a administrativa.
b) Las actuaciones y procedimientos de gesti贸n, inspecci贸n, liquidaci贸n, recaudaci贸n, impugnaci贸n y revisi贸n en materia de Seguridad Social y Desempleo.
c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tr谩fico y seguridad vial y en materia de extranjer铆a.
d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjer铆a y asilo.

SEGUNDA: Adhesi贸n de las Comunidades Aut贸nomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administraci贸n General del Estado.
Para cumplir con lo previsto en materia de registro electr贸nico de apoderamientos, registro electr贸nico, archivo electr贸nico 煤nico, plataforma de intermediaci贸n de datos y punto de acceso general electr贸nico de la Administraci贸n, las Comunidades Aut贸nomas y las Entidades Locales podr谩n adherirse voluntariamente y a trav茅s de medios electr贸nicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administraci贸n General del Estado. Su no adhesi贸n, deber谩 justificarse en t茅rminos de eficiencia conforme al art铆culo 7 de la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el caso que una Comunidad Aut贸noma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas que puede prestar el servicio de un modo m谩s eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el p谩rrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deber谩n garantizar que 茅ste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas t茅cnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad inform谩tica e interconexi贸n, as铆 como la transmisi贸n telem谩tica de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas.

TERCERA: Notificaci贸n por medio de anuncio publicado en el «Bolet铆n Oficial del Estado».
1. El «Bolet铆n Oficial del Estado» pondr谩 a disposici贸n de las diversas Administraciones P煤blicas, un sistema automatizado de remisi贸n y gesti贸n telem谩tica para la publicaci贸n de los anuncios de notificaci贸n en el mismo previstos en el art铆culo 44 de esta Ley y en esta disposici贸n adicional. Dicho sistema, que cumplir谩 con lo establecido en esta Ley, y su normativa de desarrollo, garantizar谩 la celeridad de la publicaci贸n, su correcta y fiel inserci贸n, as铆 como la identificaci贸n del 贸rgano remitente.
2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa espec铆fica, de concurrir los supuestos previstos en el art铆culo 44 de esta Ley, la pr谩ctica de la notificaci贸n se har谩, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el «Bolet铆n Oficial del Estado», sin perjuicio de que previamente y con car谩cter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa espec铆fica.
3. La publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado» de los anuncios a que se refieren los dos p谩rrafos anteriores se efectuar谩 sin contraprestaci贸n econ贸mica alguna por parte de quienes la hayan solicitado.

CUARTA: Oficinas de asistencia en materia de registros.
Las Administraciones P煤blicas deber谩n mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electr贸nica un directorio geogr谩fico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros m谩s pr贸xima a su domicilio.

QUINTA: Actuaci贸n administrativa de los 贸rganos constitucionales del Estado y de los 贸rganos legislativos y de control auton贸micos.
La actuaci贸n administrativa de los 贸rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut贸nomas y de las instituciones auton贸micas an谩logas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regir谩 por lo previsto en su normativa espec铆fica, en el marco de los principios que inspiran la actuaci贸n administrativa de acuerdo con esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: Archivo de documentos.
1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regir谩n por lo dispuesto en la normativa anterior.
2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deber谩n digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

SEGUNDA: Registro electr贸nico y archivo electr贸nico 煤nico.
Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electr贸nico y el archivo electr贸nico 煤nico, en el 谩mbito de la Administraci贸n General del Estado se aplicar谩n las siguientes reglas:
a) Durante el primer a帽o, tras la entrada en vigor de la Ley, podr谩n mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
b) Durante el segundo a帽o, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondr谩 como m谩ximo, de un registro electr贸nico y un archivo electr贸nico por cada Ministerio, as铆 como de un registro electr贸nico por cada Organismo p煤blico.

TERCERA: R茅gimen transitorio de los procedimientos.
a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les ser谩 de aplicaci贸n la misma, rigi茅ndose por la normativa anterior.
b) Los procedimientos de revisi贸n de oficio iniciados despu茅s de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciar谩n por las normas establecidas en 茅sta.
c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regir谩n, en cuanto al r茅gimen de recursos, por las disposiciones de la misma.
d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecuci贸n a la entrada en vigor de esta Ley se regir谩n para su ejecuci贸n por la normativa vigente cuando se dictaron.
e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento administrativo se resolver谩n de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores.

CUARTA: R茅gimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general.
Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electr贸nico de apoderamientos, registro electr贸nico, punto de acceso general electr贸nico de la Administraci贸n y archivo 煤nico electr贸nico, las Administraciones P煤blicas mantendr谩n los mismos canales, medios o sistemas electr贸nicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electr贸nicamente con las Administraciones.

QUINTA: Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaraci贸n de inconstitucionalidad de una norma o su car谩cter contrario al Derecho de la Uni贸n Europea.
Los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaraci贸n de inconstitucionalidad de una norma o su car谩cter contrario al Derecho de la Uni贸n Europea iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se resolver谩n de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciaci贸n.

DISPOSICI脫N DEROGATORIA 脷NICA:
Derogaci贸n normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n.
b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr贸nico de los ciudadanos a los Servicios P煤blicos.
c) Los art铆culos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom铆a Sostenible.
d) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones P煤blicas en materia de responsabilidad patrimonial.
e) Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
f) Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentaci贸n de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administraci贸n General del Estado, la expedici贸n de copias de documentos y devoluci贸n de originales y el r茅gimen de las oficinas de registro.
g) Los art铆culos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposici贸n adicional primera, la disposici贸n adicional tercera, la disposici贸n transitoria primera, la disposici贸n transitoria segunda, la disposici贸n transitoria tercera y la disposici贸n transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr贸nico de los ciudadanos a los Servicios P煤blicos.
Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposici贸n final s茅ptima, produzcan efectos las previsiones relativas al registro electr贸nico de apoderamientos, registro electr贸nico, punto de acceso general electr贸nico de la Administraci贸n y archivo 煤nico electr贸nico, se mantendr谩n en vigor los art铆culos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a las materias mencionadas.
3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deber谩n entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aqu茅llas.

DISPOSICIONES FINALES:
PRIMERA: T铆tulo competencial.
1. Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el art铆culo 149.1.18.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del r茅gimen jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y competencia en materia de procedimiento administrativo com煤n y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones P煤blicas.
2. El t铆tulo VI de iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones y la disposici贸n adicional segunda de adhesi贸n de las Comunidades Aut贸nomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administraci贸n General del Estado, se aprueban tambi茅n al amparo de lo dispuesto en el art铆culo 149.1.14.陋, relativo a la Hacienda general, as铆 como el art铆culo 149.1.13.陋 que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica.
3. Lo previsto en los art铆culos 92 primer p谩rrafo, 111, 114.2 y disposici贸n transitoria segunda, ser谩n de aplicaci贸n 煤nicamente a la Administraci贸n General del Estado, as铆 como el resto de apartados de los distintos preceptos que prev茅n su aplicaci贸n exclusiva en el 谩mbito de la Administraci贸n General del Estado.

SEGUNDA: Modificaci贸n de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr贸nica.
En la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr贸nica, se incluye un nuevo apartado 11 en el art铆culo 3 con la siguiente redacci贸n:
«11. Todos los sistemas de identificaci贸n y firma electr贸nica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas y en la Ley de R茅gimen Jur铆dico del Sector P煤blico tendr谩n plenos efectos jur铆dicos.»

TERCERA: Modificaci贸n de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci贸n social.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci贸n social, queda redactada en los siguientes t茅rminos:
Uno. El art铆culo 64 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 64. Excepciones a la conciliaci贸n o mediaci贸n previas.
1. Se except煤an del requisito del intento de conciliaci贸n o, en su caso, de mediaci贸n los procesos que exijan el agotamiento de la v铆a administrativa, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnaci贸n del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el art铆culo 139, los iniciados de oficio, los de impugnaci贸n de convenios colectivos, los de impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas, los procesos de anulaci贸n de laudos arbitrales, los de impugnaci贸n de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, as铆 como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protecci贸n contra la violencia de g茅nero.
2. Igualmente, quedan exceptuados:
a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente p煤blico tambi茅n lo fueren personas privadas, siempre que la pretensi贸n hubiera de someterse al agotamiento de la v铆a administrativa y en 茅sta pudiera decidirse el asunto litigioso.
b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, despu茅s de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.
3. Cuando por la naturaleza de la pretensi贸n ejercitada pudiera tener eficacia jur铆dica el acuerdo de conciliaci贸n o de mediaci贸n que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de com煤n acuerdo a tales v铆as previas, se suspender谩n los plazos de caducidad o se interrumpir谩n los de prescripci贸n en la forma establecida en el art铆culo siguiente.»
Dos. El art铆culo 69 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 69. Agotamiento de la v铆a administrativa previa a la v铆a judicial social.
1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Aut贸nomas, entidades locales o entidades de Derecho p煤blico con personalidad jur铆dica propia vinculadas o dependientes de los mismos ser谩 requisito necesario haber agotado la v铆a administrativa, cuando as铆 proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable.
En todo caso, la Administraci贸n p煤blica deber谩 notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificaci贸n el texto 铆ntegro de la resoluci贸n, con indicaci贸n de si es o no definitivo en la v铆a administrativa, la expresi贸n de los recursos que procedan, 贸rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Las notificaciones que conteniendo el texto 铆ntegro del acto omitiesen alguno de los dem谩s requisitos previstos en el p谩rrafo anterior mantendr谩n suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripci贸n y 煤nicamente surtir谩n efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resoluci贸n o acto objeto de la notificaci贸n o resoluci贸n, o interponga cualquier recurso que proceda.
2. Desde que se deba entender agotada la v铆a administrativa el interesado podr谩 formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompa帽ar谩 copia de la resoluci贸n denegatoria o documento acreditativo de la interposici贸n o resoluci贸n del recurso administrativo, seg煤n proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada.
3. En las acciones derivadas de despido y dem谩s acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposici贸n de la demanda ser谩 de veinte d铆as h谩biles o el especial que sea aplicable, contados a partir del d铆a siguiente a aqu茅l en que se hubiera producido el acto o la notificaci贸n de la resoluci贸n impugnada, o desde que se deba entender agotada la v铆a administrativa en los dem谩s casos.»
Tres. El art铆culo 70 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 70. Excepciones al agotamiento de la v铆a administrativa.
No ser谩 necesario agotar la v铆a administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas frente a actos de las Administraciones p煤blicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposici贸n de la demanda ser谩 de veinte d铆as desde el d铆a siguiente a la notificaci贸n del acto o al transcurso del plazo fijado para la resoluci贸n, sin m谩s tr谩mites; cuando la lesi贸n del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuaci贸n en v铆as de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte d铆as se iniciar谩 transcurridos veinte d铆as desde la reclamaci贸n contra la inactividad o v铆a de hecho, o desde la presentaci贸n del recurso, respectivamente.»
Cuatro. El art铆culo 72 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 72. Vinculaci贸n respecto a la reclamaci贸n administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o v铆a administrativa previa.
En el proceso no podr谩n introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la Administraci贸n, bien en fase de reclamaci贸n previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o de recurso que agote la v铆a administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.»
Cinco. El art铆culo 73 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 73. Efectos de la reclamaci贸n administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social.
La reclamaci贸n previa en materia de prestaciones de Seguridad Social interrumpir谩 los plazos de prescripci贸n y suspender谩 los de caducidad, reanud谩ndose estos 煤ltimos al d铆a siguiente al de la notificaci贸n de la resoluci贸n o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.»
Seis. El art铆culo 85 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 85. Celebraci贸n del juicio.
1. Si no hubiera avenencia en conciliaci贸n, se pasar谩 seguidamente a juicio y se dar谩 cuenta de lo actuado.
Con car谩cter previo se resolver谩, motivadamente, en forma oral y o铆das las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, as铆 como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resoluci贸n, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentaci贸n en la sentencia, cuando proceda. Igualmente ser谩n o铆das las partes y, en su caso, se resolver谩, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y l铆mites de la pretensi贸n formulada, respetando las garant铆as procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.
A continuaci贸n, el demandante ratificar谩 o ampliar谩 su demanda, aunque en ning煤n caso podr谩 hacer en ella variaci贸n sustancial.
2. El demandado contestar谩 afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes.
3. 脷nicamente podr谩 formular reconvenci贸n cuando la hubiese anunciado en la conciliaci贸n previa al proceso o en la contestaci贸n a la reclamaci贸n previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o resoluci贸n que agote la v铆a administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petici贸n en que se concreta. No se admitir谩 la reconvenci贸n, si el 贸rgano judicial no es competente, si la acci贸n que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y la acci贸n no fuera acumulable, y cuando no exista conexi贸n entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.
No ser谩 necesaria reconvenci贸n para alegar compensaci贸n de deudas, siempre que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensi贸n de condena reconvencional, y en general cuando el demandado esgrima una pretensi贸n que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensi贸n o pretensiones objeto de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestaci贸n a la demanda. Si la obligaci贸n precisa de determinaci贸n judicial por no ser l铆quida con antelaci贸n al juicio, ser谩 necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepci贸n y la forma de liquidaci贸n de la deuda, as铆 como haber anunciado la misma en la conciliaci贸n o mediaci贸n previas, o en la reclamaci贸n en materia de prestaciones de Seguridad Social o resoluci贸n que agoten la v铆a administrativa. Formulada la reconvenci贸n, se dar谩 traslado a las dem谩s partes para su contestaci贸n en los t茅rminos establecidos para la demanda. El mismo tr谩mite de traslado se acordar谩 para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas.
4. Las partes har谩n uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario.
5. Asimismo, en este acto, las partes podr谩n alegar cuanto estimen conveniente a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del art铆culo 191, ofreciendo, para el momento procesal oportuno, los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus alegaciones. No ser谩 preciso aportar prueba sobre esta concreta cuesti贸n cuando el hecho de que el proceso afecta a muchos trabajadores o beneficiarios sea notorio por su propia naturaleza.
6. Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes o sus defensores con el tribunal fijar谩n los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consign谩ndose en caso necesario en el acta o, en su caso, por diligencia, sucinta referencia a aquellos extremos esenciales conformes, a efectos de ulterior recurso. Igualmente podr谩n facilitar las partes unas notas breves de c谩lculo o resumen de datos num茅ricos.
7. En caso de allanamiento total o parcial ser谩 aprobado por el 贸rgano jurisdiccional, o铆das las dem谩s partes, de no incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser contrario al inter茅s p煤blico, mediante resoluci贸n que podr谩 dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuese total se dictar谩 sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor. Cuando el allanamiento sea parcial, podr谩 dictarse auto aprobatorio, que podr谩 llevarse a efecto por los tr谩mites de la ejecuci贸n definitiva parcial, siempre que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuar谩 el acto de juicio.
8. El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposici贸n de alguna de las partes, podr谩 suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguir谩 la celebraci贸n del juicio.»
Siete. El art铆culo 103 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 103. Presentaci贸n de la demanda por despido.
1. El trabajador podr谩 reclamar contra el despido, dentro de los veinte d铆as h谩biles siguientes a aqu茅l en que se hubiera producido. Dicho plazo ser谩 de caducidad a todos los efectos y no se computar谩n los s谩bados, domingos y los festivos en la sede del 贸rgano jurisdiccional.
2. Si se promoviese papeleta de conciliaci贸n o solicitud de mediaci贸n o demanda por despido contra una persona a la que err贸neamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podr谩 promover nueva demanda contra 茅ste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el c贸mputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste qui茅n sea el empresario.
3. Las normas del presente cap铆tulo ser谩n de aplicaci贸n a la impugnaci贸n de las decisiones empresariales de extinci贸n de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinci贸n contractual.»
Ocho. El art铆culo 117 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 117. Requisito del agotamiento de la v铆a administrativa previa a la v铆a judicial.
1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitaci贸n, ser谩 requisito previo haber reclamado en v铆a administrativa en la forma y plazos establecidos, contra cuya denegaci贸n el empresario o, en su caso, el trabajador, podr谩 promover la oportuna acci贸n ante el juzgado que conoci贸 en la instancia del proceso de despido.
2. A la demanda habr谩 de acompa帽arse copia de la resoluci贸n administrativa denegatoria o de la instancia de solicitud de pago.
3. El plazo de prescripci贸n de esta acci贸n es el previsto en el apartado 2 del art铆culo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, inici谩ndose el c贸mputo del mismo, en caso de reclamaci贸n efectuada por el empresario, desde el momento en que 茅ste sufre la disminuci贸n patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitaci贸n y, en caso de reclamaci贸n por el trabajador, desde la fecha de notificaci贸n al mismo del auto judicial que haya declarado la insolvencia del empresario.»

Disposici贸n final cuarta. Referencias normativas.
Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, se entender谩n hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas o a la Ley de R茅gimen Jur铆dico del Sector P煤blico, seg煤n corresponda.

Disposici贸n final quinta. Adaptaci贸n normativa.
En el plazo de un a帽o a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deber谩n adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, auton贸micas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley.

Disposici贸n final sexta. Desarrollo normativo de la Ley.
Se faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y Administraciones P煤blicas, en el 谩mbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, as铆 como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecuci贸n e implantaci贸n de las previsiones de esta Ley.

Disposici贸n final s茅ptima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrar谩 en vigor al a帽o de su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado».
No obstante, las previsiones relativas al registro electr贸nico de apoderamientos, registro electr贸nico, registro de empleados p煤blicos habilitados, punto de acceso general electr贸nico de la Administraci贸n y archivo 煤nico electr贸nico producir谩n efectos a los dos a帽os de la entrada en vigor de la Ley.
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